El Congreso de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. La iniciativa fue impulsada por el partido del presidente Nayib Bukele y recibió el respaldo de 57 de los 60 diputados, en una votación realizada sin debate previo y en un proceso acelerado.
La enmienda realiza cambios en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Una de las modificaciones más relevantes es la eliminación de la regla que impedía la reelección inmediata del presidente, lo que habilita a Bukele para competir por un nuevo mandato indefinidamente. Por otro lado, se elimina la segunda vuelta electoral, significando que el candidato que logre la mayoría de votos, aunque no sea una mayoría total, será declarado presidente. También, se establece que el próximo período presidencial durará seis años en lugar de los cinco actuales que dicta la Constitución.
Un artículo transitorio incluido en el paquete de reformas adelanta las elecciones presidenciales para 2027, acortando el mandato actual de Bukele. Con esto, el oficialismo busca consolidar su control político, facilitando una eventual nueva postulación del mandatario antes de lo previsto.
Desde el oficialismo se argumentó que la reforma fortalece la democracia al permitir que el pueblo salvadoreño tenga la libertad de reelegir a sus gobernantes sin restricciones. Legisladores afines al Ejecutivo sostuvieron que la reelección indefinida ya es posible en otros niveles de gobierno, como en alcaldías o diputaciones, y que este cambio simplemente extiende esa posibilidad al cargo presidencial.
No obstante, la reforma ha encontrado una oposición significativa de diversos sectores políticos, entidades defensoras de derechos humanos y expertos en política, quienes perciben que es un avance hacia el fortalecimiento de un sistema autoritario. Los detractores señalan que suprimir los límites a la reelección sin un debate exhaustivo y sin incluir a la población en la consulta supone un retroceso en términos de democracia.
Voces opositoras señalaron que la aprobación de la reforma sin discusión pública ni mecanismos participativos vulnera principios fundamentales del Estado de derecho. También se denunció la falta de transparencia en el procedimiento y la concentración de poder en el Ejecutivo, que ya cuenta con amplio dominio sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde el año 2021, tras la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por parte del Congreso, se ha reportado un debilitamiento continuo de los controles institucionales en El Salvador. La decisión posterior de la renovada Corte Suprema que permitió la reelección inmediata fue percibida como una continuación de esa misma dirección.
El apoyo de la comunidad internacional ha sido inconsistente. Algunos gobiernos han mostrado inquietud por el rumbo autoritario en El Salvador, mientras que otros han subrayado su respeto hacia las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aceptadas por una Asamblea elegida de manera democrática.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y otras entidades defensoras de la democracia alertaron sobre los riesgos que conlleva la reelección indefinida, recordando experiencias similares en otras naciones latinoamericanas donde este tipo de reformas derivaron en crisis institucionales y pérdida de libertades civiles.
Aunque el presidente Bukele aún no ha declarado de manera formal su deseo de presentarse para otro período, la enmienda manifiestamente permite esa opción. Su respaldo se enfoca en su estrategia de seguridad que ha disminuido significativamente la violencia con acciones extraordinarias, como el continuo estado de excepción, mejorando su aceptación entre los votantes.
Sin embargo, también han sido frecuentes las denuncias por violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y restricciones a la prensa independiente. La aprobación de esta reforma, en un contexto de fuerte centralización del poder, alimenta los temores de que El Salvador avance hacia un modelo de gobierno con escasos controles y pocas garantías democráticas.
La reforma constitucional aún requiere una segunda aprobación legislativa en la próxima legislatura para quedar plenamente vigente, según lo establece la misma Carta Magna. No obstante, dada la composición actual del Congreso y el respaldo político con el que cuenta el presidente, es previsible que esta segunda aprobación se concrete sin mayores obstáculos.
La transformación del sistema político salvadoreño con esta reforma marca un punto de inflexión para el país, cuyo rumbo dependerá en gran medida de cómo se implementen estos cambios y de la capacidad de los actores democráticos para articular una respuesta institucional que preserve el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
