Una reciente medición de opinión pública ha vuelto a encender la discusión sobre qué modalidad de Asamblea Legislativa resulta más conveniente para el país: una con predominio oficialista que facilite la gobernabilidad o un parlamento más equilibrado capaz de ejercer un contrapeso real. Este resultado plantea nuevas dudas acerca de la representación, los mecanismos de control democrático y el rumbo político hacia 2027.
Un país dividido entre gobernabilidad rápida y contrapeso institucional
En El Salvador, el debate político se centra en una cuestión esencial: cómo debería configurarse el órgano legislativo para atender las expectativas de la población sin poner en riesgo la estructura democrática. Un sondeo reciente de LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica, reveló una inclinación marcada hacia un congreso que otorgue un respaldo mayoritario al partido que gobierna. La interpretación inmediata sugiere que una fracción significativa del electorado prioriza la capacidad de gestión del Ejecutivo por encima de un complejo sistema de negociaciones que, en el pasado, fue visto como símbolo de estancamiento o de pactos poco claros. No obstante, el dilema es considerable: según voces críticas, esa misma concentración de poder que permite decisiones más rápidas podría suavizar los mecanismos de control, limitar la supervisión de las políticas públicas y menguar los procesos de rendición de cuentas.
El terreno de juego tiene antecedentes claros. Desde 2021, el oficialismo ha conservado un dominio holgado de escaños, suficiente para tramitar leyes con celeridad y sacar adelante reformas significativas sin necesidad de pactos amplios con la oposición. Esta continuidad ha modelado las expectativas de la ciudadanía: quienes aplauden la rapidez legislativa ven resultados tangibles; quienes la cuestionan temen que el costo sea un proceso deliberativo acotado y un margen reducido para las voces disidentes, tanto dentro como fuera del parlamento.
Lo que revelan las cifras y la forma de entender la brecha
La encuesta citada sugiere una inclinación mayoritaria a favor de una Asamblea con predominio oficialista. Según el levantamiento, poco más de la mitad de las personas consultadas considera “mejor” que el partido en el gobierno cuente con la mayoría legislativa. En contraste, un grupo minoritario preferiría un congreso dominado por la oposición, mientras una proporción significativa opta por el equilibrio entre fuerzas. Este reparto de preferencias ofrece una señal clara: entre gobernabilidad y balance, la balanza ciudadana, por ahora, se inclina hacia la continuidad de un modelo con mayorías amplias para el Ejecutivo.
La intención de voto hipotética también refleja una ventaja holgada para el partido oficial Nuevas Ideas cuando se proyecta un escenario electoral cercano, mostrando una distancia ampliamente marcada frente a sus competidores principales, entre ellos la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos. Esta diferencia, en la práctica, no solo se expresaría en la cantidad de curules obtenidas; igualmente influiría en la capacidad de la oposición para influir en las comisiones, proponer o ajustar agendas, negociar modificaciones de último minuto y articular bloques que logren contener o matizar iniciativas aceleradas. Una Asamblea con una mayoría firmemente establecida determina prioridades presupuestarias, organiza los tiempos de discusión y define el tono general del debate público.
La controversia por el ritmo de las reformas y los límites del poder
El tratamiento acelerado de las reformas ha representado un foco permanente de tensión. Diversas voces opositoras afirman que, en múltiples momentos, se han aprobado propuestas con fuerte peso jurídico dentro de una única sesión plenaria, con plazos limitados para examinarlas y sin un proceso de deliberación amplio. Estas críticas se intensifican cuando se abordan modificaciones que repercuten en el ámbito constitucional. Para estos grupos, una asamblea con contrapesos reducidos eleva el riesgo de que se adopten decisiones de gran alcance sin los consensos básicos, sin audiencias técnicas ni consultas dirigidas a sectores sociales y académicos.
Entre las decisiones más discutidas aparece la validación de la reelección presidencial sin límites, señalada por críticos como un parteaguas normativo. Sus detractores argumentan que tal modificación tensiona principios históricos de alternancia y corre el riesgo de personalizar en exceso el poder ejecutivo. Sus defensores, por otra parte, apelan a la voluntad popular como legitimación primaria y a la necesidad de continuidad para consolidar políticas públicas. El choque entre estas visiones no es solo jurídico: define la narrativa de los próximos ciclos electorales y el modo en que la ciudadanía evalúa la relación entre eficacia y garantías institucionales.
Las posiciones de los diversos liderazgos políticos y la invitación a alcanzar un equilibrio
Incluso desde orillas ideológicas opuestas, hay coincidencias en reclamar mayor balance. Dirigentes de partidos como ARENA y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han insistido en que el país necesita una Asamblea con pesos y contrapesos efectivos. Este enfoque se presenta como un antídoto frente a posibles excesos del oficialismo y como una vía para encauzar lo que denominan una “reconstrucción democrática”. Más allá de la retórica, la propuesta supone recomponer capacidades opositoras: articular programas atractivos, formar cuadros técnicos, y aprender a negociar sin renunciar a principios, en un contexto donde el piso electoral no les es favorable.
Al interior del oficialismo también se aprecian diferencias. Voceros de Nuevas Ideas han reconocido que las normas electorales pueden implicar ciertos “riesgos” operativos que, bajo circunstancias específicas, dificulten la conservación de mayorías calificadas. Esta admisión indica que la estrategia no se limita a sostener respaldo ciudadano, sino que depende además de la arquitectura electoral: cómo se reparte el voto en el territorio, los umbrales, las alianzas puntuales y la disciplina en campaña. En resumen, incluso una fuerza con amplia ventaja debe preservar cada pieza dentro de un tablero institucional que recompensa tanto la organización como la preferencia del electorado.
Representación, legitimidad y la pregunta por el mandato
Una mayoría legislativa holgada suele interpretarse como un mandato para ejecutar un programa sin ataduras. No obstante, la legitimidad se sostiene mejor cuando la representación se muestra permeable al debate público y se abren canales reales de participación. En la práctica, esto implica habilitar audiencias, transparentar dictámenes, publicar estudios de impacto y comunicar con claridad las razones detrás de cada votación. La representatividad no se agota en el número de curules; se robustece con procedimientos que aseguren que la pluralidad social —territorial, económica, cultural— tenga espacios para influir antes de que las decisiones sean definitivas.
En esa misma línea, un parlamento con mayoría oficialista podría hallar un equilibrio provechoso: conservar la capacidad de reaccionar con rapidez en ámbitos clave —seguridad, infraestructura, inversión social— mientras incorpora espacios formales de contraste y evaluación técnica para las reformas de mayor alcance. Contar con un calendario legislativo claro, respaldado por información accesible y plazos sensatos, ayudaría a reducir sospechas y a robustecer la confianza en el proceso sin menoscabar la gobernabilidad.
¿Qué impulsa la inclinación hacia mayorías firmes?
La preferencia ciudadana por un congreso afín al Ejecutivo tiene raíces múltiples. Para un segmento del electorado, las mayorías son un atajo hacia la solución de problemas urgentes: reducción de criminalidad, mejoras en servicios, ejecución de obras y simplificación regulatoria. Existe, además, una fatiga acumulada frente a negociaciones legislativas percibidas como bloqueos o “cuotas” entre élites. En ese marco, una mayoría estable aparece como la garantía de que el plan de gobierno avance sin sobresaltos, aun cuando el costo sea menos debate o menor involucramiento de la oposición.
Sin embargo, la historia institucional muestra que las mayorías duraderas conllevan el desafío de la autolimitación. Diseñar controles internos, exigir evaluaciones independientes y aceptar correcciones sobre la marcha puede resultar contraintuitivo para quien ostenta los votos suficientes. Paradójicamente, es esa autolimitación la que preserva el capital político y asegura que las reformas no dependan de una única coyuntura, sino que puedan sostenerse más allá del ciclo inmediato.
La función que desempeña la oposición al equilibrar la crítica con la generación de propuestas
Para las fuerzas opositoras, el desafío se presenta en dos frentes: por una parte, necesitan respaldar con evidencia sus críticas al proceso legislativo y a la creciente concentración de poder; por otra, se ven compelidas a articular alternativas sólidas que dialoguen con las inquietudes materiales de la población, como el empleo, el costo de vida, la educación, la salud y la infraestructura cercana. Las acusaciones que carecen de un plan concreto rara vez transforman la intención en apoyo efectivo, mientras que una oferta política sin raíces en valores y sin garantías institucionales pierde fuerza ante discursos centrados en la eficacia. Una oposición que aspire a ser contundente integra ambos enfoques y muestra capacidad de gestión allí donde administra, dejando claro que el equilibrio legislativo no equivale a parálisis, sino a una mejora sustantiva de las políticas públicas.
Escenarios hacia 2027 y las claves de la gobernabilidad
De cara a las elecciones de 2027, el panorama aún no está completamente definido, aunque las señales actuales apuntan a que podría mantenerse una mayoría oficialista; en ese marco, tres elementos marcarán la gobernabilidad: la solidez del proceso legislativo, la claridad en la toma de decisiones y la disposición para atender a distintos sectores sociales. Incluso si se consolidan mayorías amplias, tanto el Ejecutivo como su bloque podrán fortalecerse al institucionalizar la deliberación en materias de largo aliento —reformas judiciales, modificaciones constitucionales, ajustes al régimen electoral— y reservar los procedimientos acelerados únicamente para cuestiones operativas del día a día.
La oposición, a su vez, tendrá que fortalecer su presencia territorial, profesionalizar equipos técnicos y desarrollar una estrategia de comunicación que explique con claridad por qué un equilibrio de fuerzas puede traducirse en mejores políticas y no en parálisis. La ciudadanía observará no solo quién acumula más escaños, sino cómo se usan: si las leyes responden a diagnósticos serios, si los presupuestos reflejan prioridades verificables y si los resultados se evalúan con métricas públicas.
Más allá de las cifras, la esencia misma de la democracia
El tamaño de una mayoría no agota la discusión sobre calidad democrática. Importa cómo se integra el parlamento, cómo se seleccionan liderazgos internos, qué tanto se respeta a las minorías y cómo se fiscaliza al Ejecutivo. La práctica parlamentaria puede convertirse en una escuela cívica —si abre puertas y rinde cuentas— o en una caja negra —si opta por la opacidad y el trámite exprés como regla—. La experiencia reciente sugiere que la legitimidad sostenida requiere equilibrio: decisiones oportunas y procedimientos confiables.
En definitiva, el debate sobre la composición de la Asamblea Legislativa en El Salvador no es una contienda académica, sino una discusión sobre el tipo de país que se quiere construir. Una mayoría clara puede facilitar avances decisivos; un contrapeso robusto puede evitar errores costosos. Encontrar el punto de encuentro entre eficacia y control es la tarea de la hora. A la postre, la respuesta no dependerá solo de la suma de escaños, sino de la voluntad de todas las fuerzas para gobernar con reglas claras, escuchar a la sociedad y aceptar que la fortaleza de una democracia se mide tanto por su capacidad de decidir como por su compromiso de someter esas decisiones al escrutinio público.
