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Fabricantes y desarrolladores de robótica serán regulados tras aprobación de ley en la Asamblea

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La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dado luz verde a una normativa que proporciona un marco específico para las tecnologías robóticas e inteligentes, significando un paso histórico en el progreso jurídico del país hacia la digitalización. La reciente Ley de Tecnologías Robóticas e Inteligencia Artificial recibió un respaldo mayoritario en el cuerpo legislativo y tiene el propósito de definir pautas precisas para la creación, desarrollo, comercialización, implementación y supervisión de estas tecnologías en el ámbito nacional.

Con esta legislación, El Salvador se convierte en uno de los primeros países de la región centroamericana en adoptar un cuerpo normativo integral destinado a regular los aspectos éticos, técnicos y económicos de la robótica y la inteligencia artificial (IA). El objetivo principal es garantizar que el uso de estas tecnologías se desarrolle bajo principios de seguridad, transparencia y responsabilidad.

La legislación incluye a productores, desarrolladores, importadores, distribuidores, proveedores de servicios y consumidores finales de sistemas robóticos e inteligentes. Además, define categorías para diferenciar sistemas autónomos, semiautónomos y controlados, y sugiere criterios para evaluar los riesgos que puedan presentar para las personas, el entorno y los derechos fundamentales.

Uno de los aspectos más sobresalientes del documento legislativo es el establecimiento del Registro Nacional de Tecnologías Robóticas, un banco de datos obligatorio en el cual deberán registrarse todos los sistemas que funcionen en el país. Esta acción busca facilitar el control estatal, promover la trazabilidad de las implementaciones tecnológicas y ofrecer garantías tanto al sector público como al privado.

Además, se establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto antes de poner en funcionamiento ciertos dispositivos o plataformas, especialmente aquellos diseñados para operar en entornos sensibles como hospitales, centros educativos, instalaciones industriales, infraestructuras críticas y espacios públicos.

En términos éticos, la legislación introduce principios orientadores como la no discriminación algorítmica, el respeto a la privacidad, la soberanía de los datos personales, y la transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizadas. También se prevé la implementación de auditorías técnicas y la creación de códigos de conducta para desarrolladores y empresas del sector tecnológico.

Desde una perspectiva económica, la normativa pretende fomentar la innovación a través de un marco legal que ofrezca seguridad jurídica a los inversionistas, universidades y centros de investigación. Se incluyen políticas públicas para impulsar el desarrollo de habilidades especializadas y se proponen incentivos para la inversión en proyectos locales relacionados con la robótica y la inteligencia artificial.

El escrito igualmente incluye medidas punitivas para el uso inadecuado de estas tecnologías, las cuales pueden abarca desde sanciones monetarias hasta la retirada de licencias de operación. Asimismo, se definen reglas concretas para la gestión de errores, fallos técnicos y los posibles perjuicios causados por sistemas inteligentes.

Los impulsores de la ley subrayan que esta no busca frenar la innovación, sino orientar su desarrollo dentro de un marco responsable que proteja a los ciudadanos y promueva un entorno competitivo. En ese sentido, se hace un llamado a las universidades, empresas tecnológicas y entidades de la sociedad civil a involucrarse activamente en la elaboración de los reglamentos que deberán complementar esta normativa.

Organismos estatales vinculados al área tecnológica, como el Ministerio de Innovación y la Superintendencia de Competencia, tendrán un rol central en la implementación y fiscalización de la ley. Se espera que en los próximos meses se inicie un proceso de socialización con los distintos actores del ecosistema digital para definir los lineamientos específicos de aplicación.

Esta nueva legislación coloca a El Salvador en la vanguardia de la regulación tecnológica en América Latina, en un contexto en el que los avances en inteligencia artificial, automatización y robótica están transformando aceleradamente la economía, la educación, la salud y la vida cotidiana.

Con esta apuesta, el país busca consolidar un modelo de desarrollo tecnológico que sea a la vez inclusivo, ético y competitivo, adaptado a los desafíos del siglo XXI y alineado con las mejores prácticas internacionales.

Por Otilia Adame Luevano

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