La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, recibió este lunes fallo favorable de la jueza Constitucional Nubia Vera, quien revocó una decisión administrativa que suspendió a Abad por 150 días bajo el argumento de «abandono injustificado del trabajo». El juez también ordenó a la Secretaria de Trabajo, Yvonne Nunes, que emitiera una disculpa pública en un mensaje a la nación dentro de las próximas 72 horas.
La decisión fue en respuesta a una demanda de defensa interpuesta por la vicepresidencia, que cuestionó la sanción emitida por el Ministerio de Trabajo. La mencionada sanción, emitida a principios de noviembre, alega que Abad no cumplió con su comparecencia en la embajada de Ecuador en Turquía el pasado 1 de septiembre, como le había ordenado, hasta el 9 de septiembre. En ese momento, Abad se desempeñaba como embajador en Israel y fue trasladado a Ankara debido a las tensiones de seguridad derivadas del conflicto en Gaza entre Israel y Hamás.
Durante la audiencia, el juez Vera destacó que la decisión de destituir a Abad no tenía fundamento sólido y debía ser revocada de inmediato. También denunció haber sido presionada y amenazada con el despido por funcionarios del Consejo Judicial, quienes, según el juez, intentaron influir en su decisión mediante instrucciones documentadas. «Tengo un pendrive donde me dijeron cómo debía fallar», dijo Vera, advirtiendo sobre irregularidades en el proceso.
Por su parte, el ministro de Trabajo calificó de «deplorable» la decisión judicial y acusó al juez de actuar en contra de la Constitución y de los precedentes del Tribunal Constitucional. En declaraciones a CNN, la ministra afirmó que Vera «aprovechó esta acción defensiva para posicionarse como una persona perseguida más» y que su decisión careció de objetividad.
El Consejo de la Magistratura, también designado por el magistrado Vera, emitió un comunicado rechazando las acusaciones y asegurando que «no sucumbirá a intereses políticos ni a la manipulación de la justicia». Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones de presiones contra el juez.
La destitución de Abad generó controversia dentro y fuera del gobierno, particularmente porque implicaba su destitución en un momento clave de la política ecuatoriana. Según la constitución del país, Abad debe asumir funciones presidenciales mientras Daniel Noboah, el actual presidente, inicia su campaña de reelección, cuyo inicio está previsto para el 9 de enero.
En entrevista con Radio Democracia, Noboa dijo que consideraba un «error» elegir a Abad como su oponente en las elecciones de 2023. Señaló además que su gobierno está evaluando alternativas para afrontar la ausencia de Abad y asegurar la continuidad. poder ejecutivo.
El 11 de noviembre, Noboa nombró a Sariha Moya vicepresidenta interina, decisión que generó críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de la medida. Sin embargo, tras el fallo judicial del lunes, el gobierno anuló esa resolución y emitió una nueva orden ejecutiva que redefinió las funciones de Abad. Según el decreto, su única responsabilidad será asumir las relaciones diplomáticas con Turquía, país donde residió antes de regresar a Ecuador en noviembre.
Ante los recientes acontecimientos, Abad dijo que estaba analizando el contenido del nuevo decreto que le ordena regresar a Turquía y aseguró que seguirá defendiendo su posición y la democracia. Al llegar a Quito el 20 de noviembre, Abad dijo que no renunciaría a sus funciones y que lucharía contra lo que describió como un intento de destituirla ilegalmente de la vicepresidencia.
El caso de Verónica Abad puso en evidencia la tensión entre el vicepresidente y el presidente Daniel Noboa, quienes mantienen una relación de confrontación desde el inicio de su administración hace más de un año. Este episodio también resalta las fricciones en el sistema político de Ecuador en el contexto de una creciente polarización y disputas legales que afectan la estabilidad de las instituciones.
El fallo judicial restituye oficialmente a Abad como vicepresidenta, aunque su futuro político sigue en el aire, sobre todo después de las declaraciones del presidente Noboa y el nuevo decreto que limita su cargo. Las próximas semanas serán críticas para determinar si el vicepresidente retoma un papel activo en el gobierno o si las tensiones en el poder ejecutivo continúan aumentando.