Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que el expresidente Trump puede mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, al menos temporalmente, mientras sigue el juicio presentado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión autoriza que las 4 000 tropas en Los Ángeles sigan bajo mando federal mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, suspendiendo por el momento la decisión anterior que exigía su regreso al mando estatal.
La controversia se inició el 7 de junio, cuando el exmandatario puso bajo control del gobierno central a la Guardia Nacional y envió a 700 marines para aumentar la fuerza militar en Los Ángeles, brindando apoyo a las tareas de los agentes federales en manifestaciones vinculadas con acciones de inmigración. Este movimiento de tropas sin el consentimiento del estado representa la primera ocasión desde 1965 que se realiza un despliegue tan amplio sin el visto bueno del gobernador.
En una audiencia reciente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que el mandatario probablemente actuó dentro del marco de la ley federal, señalando que las manifestaciones de protesta habían derivado en actos violentos contra funcionarios y propiedades federales, así como agresiones con escombros y cócteles molotov . Aunque declaró que el presidente debía notificar al gobernador, confirmó que el fallo de un tribunal de primera instancia fue demasiado restrictivo, ya que no había autoridad para vetar la acción presidencial.
El fallo del juez de distrito Charles Breyer, emitido el 12 de junio, afirmaba que la federalización era ilegal, argumentando que no se habían cumplido los requisitos de la ley y que no existía una situación de “rebelión” como exige la legislación. La apelación, sin embargo, suspendió esa orden mientras el caso sigue avanzando.
El panel del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— subrayó que la ley concede al presidente un amplio margen en temas relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión “con un alto grado de deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión presidencial esté totalmente fuera del control judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California puede decidir elevar una apelación ante el pleno del Noveno Circuito o incluso presentar el caso ante la Suprema Corte. Asimismo, podrían sostener que la utilización de las fuerzas armadas para respaldar tareas de la ley federal —una posible infracción de la ley Posse Comitatus— necesita una revisión más detallada en el tribunal.
En su respuesta, el gobernador Newsom afirmó que “el presidente no es un monarca ni está exento de la ley” y confirmó que California continuará defendiendo la soberanía estatal y los derechos civiles en los tribunales. Por otro lado, el expresidente Trump consideró el veredicto como un “gran triunfo” para la seguridad nacional, sosteniendo que la Guardia Nacional debe tener la capacidad de ser desplegada si las autoridades locales no consiguen mantener el orden.
A nivel nacional, el caso ha abierto un debate profundo sobre el alcance de los poderes presidenciales en el uso de la Guardia Nacional, el federalismo y los límites del control judicial. Es la primera vez en seis décadas que se federaliza la Guardia sin el consentimiento de un gobernador, lo cual genera preocupación sobre precedentes peligrosos y el debilitamiento de los mecanismos de derecho y revisión institucional .
Mientras tanto, en Los Ángeles, las fuerzas armadas permanecen activas, aunque las manifestaciones han disminuido y el alcalde ha eliminado el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y las dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y militares, además del efecto en la supervisión y el control social.
La fecha importante será la audiencia siguiente ante el juez Breyer, programada para este viernes. En esta audiencia, podría emitirse una orden preliminar más extensa que establezca con claridad cómo se pueden utilizar las tropas. La resolución del caso tendrá efectos perdurables en la relación entre el gobierno federal y los estados, las competencias presidenciales y el papel de las fuerzas armadas en actividades civiles.
